Plazos de Hacienda: ¿Cuándo recibirás respuestas?

I. ¿Qué significa "resolver" dentro del proceso tributario?

El concepto de “resolver” en el contexto del proceso tributario, también denominado resolución de Hacienda, alude a una de las formas en que se concluye el procedimiento tributario. A través de este, la Administración Tributaria tiene el deber de abordar claramente todas las materias que emergen durante la aplicación de los impuestos, así como de comunicar dicha resolución explícita, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 103 de la Ley 58/2003, del 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, Ley General Tributaria).

Sin embargo, esta responsabilidad de emitir una resolución explícita no se aplicará a:

1. Los procedimientos que conciernen al ejercicio de derechos que únicamente deben ser comunicados por el contribuyente.
2. Los procedimientos en los que se evidencia el vencimiento, la desaparición del objeto del trámite, la renuncia o el desistimiento por parte de los interesados.

Sin embargo, en aquellos escenarios donde efectivamente se encuentra dicha obligación, es fundamental conocer el plazo que tiene Hacienda para emitir su resolución.

II. ¿Qué plazo tiene Hacienda para emitir su resolución?

De acuerdo a lo que indica el artículo 104 de la Ley General Tributaria, el período que dispone Hacienda para resolver, que a su vez determina el tiempo máximo para notificar la resolución, en primer lugar, dependerá de lo establecido en la normativa que regula el procedimiento correspondiente, sin exceder de seis meses, a menos que lo estipule una norma con rango de ley o esté previsto en la legislación de la Unión Europea. A pesar de lo anterior, si las normas que regulan el procedimiento no establecen un plazo máximo, éste será de seis meses.

III. ¿Cómo se calcula el tiempo que tiene Hacienda para resolver?

El tiempo dispuesto por Hacienda para resolver se calculará considerando cómo se inició el procedimiento. Así, se debe entender que:

1. En los procedimientos iniciados de oficio, el plazo para que Hacienda resuelva comenzará a contar desde la fecha en la que se notifique el acuerdo de inicio.
2. En los procedimientos impulsados a solicitud del interesado, el periodo para que Hacienda resuelva se computará desde la fecha en que el documento ingrese en el registro del órgano competente para su gestión.

IV. ¿Qué se necesita para considerar cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo establecido para los procedimientos?

Con el exclusivo objetivo de conocer el plazo dispuesto para que Hacienda resuelva y de acreditar que se ha cumplido la obligación de notificar dentro del tiempo máximo permitido en los procedimientos, será suficiente demostrar que se ha intentado realizar una notificación que contenga el texto completo de la resolución.

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Sin embargo, en el caso de los sujetos obligados...

Si las personas se han adherido de manera voluntaria a recibir notificaciones a través de medios electrónicos, se asumirá que la obligación de notificar en el plazo máximo de duración de los procedimientos se ha cumplido al disponibilizar la notificación en la sede electrónica de la Administración Tributaria o en la dirección electrónica habilitada.

V. ¿Qué consecuencias ocurren si, al expirar el plazo que tiene Hacienda para resolver, no se ha comunicado una resolución explícita?

Las consecuencias de no recibir una resolución explícita de Hacienda, una vez que ha transcurrido su plazo para resolver, varían según cómo se haya iniciado el procedimiento. Así que:

1. Cuando se trata de procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin una resolución expresa de Hacienda producirá los efectos que indique la normativa correspondiente. Para estos fines, es esencial regular de manera explícita el régimen de actos presuntos en todos los procedimientos tributarios. Si no existe tal regulación, los interesados podrán considerar que sus solicitudes han sido estimadas por silencio administrativo, a excepción de aquellas presentadas en los procedimientos de ejercicio del derecho de petición según el artículo 29 de la Constitución española y en los casos de impugnación de actos y disposiciones, donde el silencio tendrá un efecto desestimatorio.
2. Respecto a los procedimientos iniciados de oficio, la expiración del plazo que tiene Hacienda para resolver —es decir, el periodo máximo sin que se haya comunicado una resolución explícita— generará los efectos establecidos en la normativa reguladora aplicable a cada procedimiento tributario. Sin embargo, en ausencia de una regulación específica, se generarán los siguientes efectos:
3. En aquellos procedimientos que puedan resultar en el reconocimiento, o en su caso, la creación de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas, los contribuyentes podrán considerar desestimados, por silencio administrativo, los posibles efectos favorables que derivarían del procedimiento.
4. Por otro lado, en los procedimientos que puedan dar lugar a efectos negativos o de carga, se considerará que el procedimiento ha caducado.

En relación a los procedimientos que se podrían considerar desestimados tras el vencimiento del plazo que tiene Hacienda para resolver, es decir, el periodo máximo sin que se haya comunicado una resolución explícita, es relevante tener presente lo estipulado en la Disposición adicional primera del Real Decreto 1065/2007, del 27 de julio, que aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria así como el desarrollo de las normas comunes para los procedimientos de aplicación de los tributos, el cual detalla los procedimientos mencionados.

VI. ¿Qué repercusiones resultan si tras el vencimiento del plazo que tiene Hacienda para resolver, se declara la caducidad del procedimiento?

Si, al finalizar el plazo que tiene Hacienda para resolver sin que se haya notificado una resolución explícita, se declara la caducidad del procedimiento, esta podrá ser dictada, de oficio o a pedido del interesado, ordenando el archivo de dichas actuaciones. En este caso, la caducidad por sí misma no llevará a la prescripción de los derechos de la Administración Tributaria, aunque las gestiones realizadas en procedimientos caducados no paralizarán el plazo de prescripción ni serán consideradas requerimientos administrativos en relación a los recargos por declaración extemporánea según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 27 de la Ley General Tributaria.

Sin embargo, las gestiones llevadas a cabo durante un procedimiento caducado, así como los documentos y otros elementos de prueba recabados en él, seguirán siendo válidos y eficaces como prueba en otros procedimientos que se hayan iniciado o que puedan iniciar posteriormente, ya sea en relación con el mismo contribuyente o con otro distinto.

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