"Guía Práctica para Impugnar Pliegos de Licitación Pública"

I. ¿Qué son los pliegos en el contexto de una licitación pública?

Los pliegos en el ámbito de una licitación pública se pueden describir como los documentos organizados que contienen las especificaciones para la adjudicación del contrato, así como los deberes a cumplir por ambas partes. En otras palabras, estos documentos definen los derechos y responsabilidades de involucrados, al mismo tiempo que delinean las características de la ejecución del contrato; abarcando desde la selección del contratista hasta su conclusión, anulación y garantías. Por lo tanto, se consideran documentos de carácter contractual “Lex contractus”. Dependiendo del tipo de información que contengan, se clasifican en Pliegos de Cláusulas Administrativas o Pliegos de Prescripciones Técnicas. Ahora bien, surge la pregunta: si se identifica algún defecto que se considere válidamente impugnable, ¿cuál es el procedimiento para cuestionar los pliegos de una licitación pública?

II. Base legal que posibilita la impugnación de los pliegos de una licitación pública

Para responder a cómo se puede impugnar un pliego de una licitación pública, es crucial referirse al artículo 44.2.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, sobre Contratos del Sector Público, que transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), la cual indica que pueden ser objeto de un recurso especial en el ámbito de la contratación pública, los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que incluyan las condiciones que regirán la contratación.

III. ¿En qué momentos se pueden impugnar los pliegos de una licitación pública?

No basta solo con conocer el método de impugnación de los pliegos de una licitación pública, sino que resulta esencial identificar el momento adecuado para llevar a cabo dicha impugnación. En este sentido, se puede señalar que los pliegos de una licitación son impugnables desde el instante en que se hace pública la convocatoria de la licitación, siempre que se considere que su contenido podría menoscabar o poner en riesgo derechos o intereses legítimos del interesado. En este contexto, los derechos e intereses que tienen relevancia en el proceso de licitación son, indudablemente, la oportunidad de participar y conseguir la adjudicación del contrato, lo que implica demostrar dicho interés legítimo; es decir, el beneficio o daño concreto y tangible que podría resultar de la redacción de los pliegos en cuestión.

IV. ¿Quiénes tienen la capacidad para impugnar el pliego de una licitación pública?

Antes de profundizar en cómo se puede recurrir a los pliegos de una licitación pública, es imperativo establecer quiénes están autorizados para impugnar estos documentos. Así, conforme al artículo 48 de la LCSP, tienen la facultad de interponer el recurso especial en materia de contratación, cualquier individuo o entidad jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, sean estos individuales o colectivos, se hayan visto vulnerados o pudieran verse afectados, directa o indirectamente, por las decisiones que se impugnan. Igualmente, las organizaciones sindicales están legitimadas para presentar este recurso contra actos que puedan ser cuestionados, cuando a partir de las actuaciones o decisiones impugnadas se pueda razonablemente concluir que estas implican un incumplimiento de las obligaciones sociales o laborales por parte del empresario hacia los trabajadores involucrados en el proceso de ejecución del contrato.

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en la ejecución de la prestación.

En esta misma línea, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en su Resolución Nº 212/2024 Sección 2ª (Recurso nº 13/2024 C.A. Región de Murcia 1/2024) datada el 15 de febrero de 2024, confirma lo expuesto en la Resolución 1166/2019 de este mismo Tribunal, indicando que: “La norma establece que solo los agentes económicos que han presentado una oferta en el procedimiento, tienen la legitimidad para impugnar los pliegos normativos de este, ya que solamente ellos pueden aspirar a la adjudicación del contrato. Sin embargo, esta norma general admite una excepción: en aquellos casos en que el empresario demandante cuestiona una cláusula del Pliego que le impide validar su participación en condiciones igualitarias en la respectiva licitación. En este caso particular, este Tribunal ha señalado que es imprescindible que exista en el recurrente una intención directa de participar en igualdad de condiciones con otros licitadores, y dicha intención debe ser debidamente justificada en el contexto del proceso. (Resoluciones TACRC 235/2018, 686/2019, 523/2019, 990/2019, entre otras). (…) es doctrina reiterada de este Tribunal considerar válidos para recurrir los pliegos de una licitación a aquellos empresarios que han adquirido la calidad de licitadores al haber presentado su oferta, o a aquellos que pueden probar su interés legítimo, demostrando que no han logrado tal calidad debido a los defectos en los pliegos que están denunciando mediante su recurso”.

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V. ¿Qué procedimiento seguir para impugnar los pliegos de una licitación pública?

La LCSP detalla el procedimiento a seguir para impugnar los pliegos de una licitación pública, específicamente en su artículo 44, el cual establece que, los pliegos pueden ser objeto de recurso a través de la formulación del Recurso especial en materia de contratación, ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que es la entidad facultada para conocer y resolver sobre estos recursos.

Es fundamental señalar que, debido a que los pliegos de una licitación pública pueden ser impugnados a través del Recurso especial en materia de contratación, no se admitirán recursos administrativos ordinarios para su cuestionamiento.

Sin embargo, conforme a lo establecido en el artículo 44.6 de la LCSP, los actos dictados en los procedimientos de adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas que no cumplan con las exigencias del apartado 1 del artículo 44 de la LCSP, podrán ser objeto de recurso de acuerdo a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, que regula la Jurisdicción Contencioso-administrativa. En el caso de actuaciones realizadas por poderes adjudicadores que no sean Administraciones Públicas, estas se impugnarán en la vía administrativa conforme a la normativa de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ante el responsable del departamento, organismo o entidad vinculada a la entidad contratante o a la que corresponde su supervisión.

VI. ¿Qué plazo existe para impugnar los pliegos de una licitación pública?

Tras aclarar el procedimiento para recurrir los pliegos de una licitación pública, es esencial conocer el plazo estipulado para proceder con dicha impugnación. Según lo estipulado en el artículo 50 de la LCSP, dicho plazo es de quince días hábiles, comenzando a contar desde el día siguiente de la publicación en el perfil del contratante del anuncio de licitación, siempre que en él se haya señalado cómo los interesados pueden acceder a los pliegos. Si no se proporciona tal indicación, el plazo comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en el que el interesado reciba los pliegos o puede acceder a su contenido a través del perfil del contratante.

Sin embargo, en el caso del procedimiento negociado sin publicidad, la forma de contabilizar el plazo cambiará, comenzando a contar desde el día siguiente al envío de la invitación a los candidatos seleccionados. Asimismo, si los pliegos no pueden ser puestos a disposición mediante medios electrónicos, el plazo se contará desde el día siguiente a la entrega de los mismos al recurrente.

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