El Tribunal de Cuentas aclara la cuestión de las compras de servicios de consultoría por parte del Estado

El Tribunal de Cuentas aclara la cuestión de las compras de servicios de consultoría por parte del Estado- 2025

El Tribunal de Cuentas confirma abusos en la compra de servicios de consultoría por parte del Estado, cuestión que envenenó la campaña de Emmanuel Macron. Sobre todo, a pesar de la directiva del Primer Ministro del pasado mes de enero, el asunto todavía no está bajo control en la calle Cambon.

En un informe publicado el lunes, el Tribunal de Cuentas confirma, en términos generales, las conclusiones de una comisión de investigación senatorial que envenenó la campaña de Emmanuel Macron durante las elecciones presidenciales de mayo de 2022. A saber, que, durante su primer mandato, el gasto estatal en servicios de consultoría se ha disparado y en gran medida ha faltado supervisión de este creciente recurso para las empresas privadas. Después de excluir los servicios informáticos (es decir, casi tres cuartas partes de los 890 millones de euros autorizados por los ministerios en 2021), el Tribunal de Cuentas señala que los gastos de consultoría pura: “estudio, diseño, apoyo y apoyo para la implementación de proyectos, en particular de modernización o transformación”. - se triplicó entre 2017 y 2021, representando 270,5 millones de euros. Incluido el 38% en el ámbito del único acuerdo marco interministerial sobre transformación de la acción pública, liderado por la DITP (Dirección Interministerial de Transformación Pública). Sorpresa, Transición Ecológica e Interior son los principales clientes de las consultoras (más del 20% de los compromisos de gasto para 2022... ¡cada uno!).

En este mercado, Sopra Steria ocupa la mayor cuota (más de 75 millones de euros en 2021), por delante de Capgemini Technology (61,5), CGI (48) y Octo (33,5). Cabe señalar, sin embargo, que con la consolidación de las ramas de Tecnología y Consultoría de Capgemini, ESN toma la delantera con más de 100 millones de euros recaudados en 2021. Objeto central de la polémica, McKinsey no aparece entre los 10 primeros (con 16,8 millones de euros). en 2021). Sin embargo, cabe señalar que el simple recuento de las cifras plantea muchas preguntas: la central pública de compras, Ugap, que se refiere a las empresas privadas que los ministerios pueden utilizar, aparece como tal en el cuadro presentado por el Tribunal de Cuentas (con un total de 61,6 millones de euros).

La ausencia de figuras auténticas

Aunque el Estado se ha desacelerado en 2022 (con una reducción de un tercio de los gastos) y este total representa sólo el 0,25% de los gastos de funcionamiento del Estado, los sabios de la calle Cambon critican la falta de un marco coherente en el uso de la consultoría. compañías. ¡Como ya lo había hecho en 2015! "Varias conclusiones extraídas entonces siguen siendo vigentes hoy", afirma el Tribunal de Cuentas, según las cuales, si bien se han registrado avances recientes (en particular, una circular del Primer Ministro sobre el tema, el pasado mes de enero), nacieron "bajo la presión de acontecimientos actuales”.

Primer problema, según el Tribunal: para gestionar estos gastos, todavía necesitaríamos cifras fiables. Sin embargo, como lo demostró claramente la controversia en torno al uso de empresas de consultoría el año pasado, nadie parece ser capaz de producir un total de referencia. "Esto se debe a la insuficiencia de las normas contables y de los instrumentos para controlar el gasto público", según los autores del informe. Sin olvidar las diferencias de interpretación sobre qué es o no una misión de consultoría. “La dificultad para producir datos precisos también se debe a que los ministerios recurren principalmente a empresas de consultoría a través de acuerdos marco negociados y firmados por estructuras interministeriales (DITP, DAE y Ugap)”, escriben los autores, que no dejan de señalar el papel de estas estructuras en una forma de desempoderamiento de los ministerios.

“Dependencia, pérdida de capacidades e incluso desmotivación de los servidores públicos. »

Más fundamentalmente, los académicos también critican la ausencia de una doctrina clara en el uso de empresas de consultoría. Si, para ellos, la subcontratación de determinadas tareas a este tipo de proveedores de servicios no suscita, en principio, oposición, debe regularse estrictamente. En particular, los proveedores de servicios no deben realizar "funciones relacionadas con la 'actividad principal' de la administración, incluidas tareas de ejecución de carácter permanente", "intervenir en el proceso de toma de decisiones o en el ámbito de misiones soberanas", ni formar parte de un marco de renovación permanente que conduce a “fenómenos de suscripción, dependencia, pérdida de habilidades o incluso desmotivación de los agentes públicos”. » Una crítica apenas velada a las prácticas ocurridas en la legislatura anterior.

Además de una doctrina poco clara, la administración no gestiona estos mercados, subraya el Tribunal. Tanto en la preparación y negociación de éstas, como en el apoyo a las misiones. "Esto es aún más preocupante porque los sistemas de control del mercado se han ido relajando progresivamente", escribe la calle Cambon. Según el Tribunal, los ministerios tienden a recurrir a empresas privadas, “incluso si las misiones podrían haberse llevado a cabo mediante la movilización de capacidades internas especializadas, disponibles pero no identificadas, por ejemplo en el ámbito de las inspecciones generales o entre agentes en espera de asignación”. Y esto es aún más fácil porque algunas misiones se beneficiaron de la financiación del programa interministerial DITP, reduciendo el coste de los servicios para los ministerios. El acuerdo marco interministerial de 2018 (conocido como acuerdo marco de transformación), apoyado por este departamento, generó nada menos que 270 millones de euros en compromisos para los proveedores de servicios privados durante cuatro años.

Acuerdos marco: una solución fácil

Por último, y esta es probablemente la crítica más mordaz, el Tribunal de Cuentas deplora el uso muy extendido de los acuerdos marco, principal soporte jurídico para el recurso a los servicios de consultoría. “Una solución fácil, a veces a costa del rigor”, critican los autores del informe. Sobre todo porque la ejecución suele basarse en simples órdenes de compra (y no en forma de contratos posteriores). Según el informe, el 85% de las misiones involucradas pasan por acuerdos marco, casi exclusivamente en forma de órdenes de compra.

Una elección que no era necesaria y que tiene consecuencias perjudiciales: “en muchos casos, el servicio prestado no responde bien a las necesidades. Esto también genera costes adicionales y extensiones de misiones en condiciones no previstas en las normas de contratación pública”, juzgan los autores. En definitiva, para el Tribunal de Cuentas, algunos ministerios han utilizado este vehículo jurídico como “un derecho de desistimiento que no requiere una justificación precisa sobre las necesidades y los medios para satisfacerlas”. Lo suficiente como para coquetear más que peligrosamente con los límites de las compras públicas. A partir de una auditoría de un centenar de contratos de consultoría adjudicados y órdenes de compra emitidas entre 2019 y 2022, los autores del informe prefieren hablar de imprecisiones, superación de las dotaciones financieras o incumplimiento de plazos.

Una circular que no solucionó todo

Estas conclusiones explican también por qué el Tribunal de Cuentas lamenta la decisión del DTIP de renovar las mismas modalidades jurídicas para el nuevo acuerdo marco sobre la transformación de la acción pública. Contrato notificado en enero de 2023 por importe de 150 millones de euros dividido en tres lotes (consultoría estratégica, marco y gestión del proyecto, eficiencia operativa). Para la calle Cambon, este nuevo mercado “permite repetir las anomalías constatadas por el Tribunal”.

Si bien el Tribunal de Cuentas valora la coherencia introducida por la circular de enero de 2022, añade que las orientaciones que elabore deben asumir ahora un carácter operativo. Y piden la elaboración de una guía práctica para los directivos, que especifique en particular las circunstancias en las que el uso de una empresa resulta legítimo y aporta un valor añadido, y explica las modalidades de este recurso. Sin olvidar pedir que se aclaren los roles entre la Dirección de Compras del Estado (DAE) y la Dirección Interministerial para la Transformación Pública (DITP), ambas responsables de competencias transversales en materia de utilización de empresas de consultoría.


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